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Boletín Informativo

 

 

LA GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA

SUBTERRÁNEA: UN REFERENTE

DE EXPERIENCIA A NIVEL MUNDIAL

M. Ramón LLAMAS, Elena LÓPEZ-GUNN,

Marta RICA

Observatorio del Agua de la Fundación Botín www.fundaciónbotin.org/agua.htm

Con esta nota pretendemos no sólo hacer un breve repaso a la historia de las aguas subterráneas en España, sino también resaltar la importante proyección mundial que puede tener la experiencia española.

Es sabido que España es citada frecuentemente en la literatura internacional como ejemplo de sus milenarias comunidades de regantes, cuyo icono es el Tribunal de las Aguas de Valencia, como ejemplo de gestión participativa de un recurso común.

Lo que mucha gente no sabe es que esta experiencia se está reproduciendo también en la gestión colectiva de aguas subterráneas en España, con una gran diversidad y riqueza de formas legales y experiencias que pueden ser un referente a nivel mundial.

El uso intensivo de las aguas subterráneas o la llamada revolución silenciosa es un fenómeno a escala global, en países tan relevantes en este momento como la India y Brasil. En España el uso intensivo comenzó una o dos décadas después que en California, aproximadamente en los años sesenta del pasado siglo, promovido inicialmente por el Ministerio de Agricultura y relativamente al margen de la Administración Hidráulica, dependiente del Ministerio de Obras Públicas.

En la década de los ochenta esa explotación ya tenía una cierta entidad en algunas regiones como en la Cuenca del Segura y del Alto Guadiana. En esa misma década el Gobierno decide cambiar la centenaria Ley de Aguas de 1876, introduciendo esenciales cambios como la creación de comunidades de usuarios que recogiera no solo a regantes sino a otros usos; y la declaración de las aguas subterráneas como Dominio Público y por tanto sometidas a un régimen de concesiones similar al de las aguas superficiales.

El legislador consideraba que esta declaración de Dominio Público Hidráulico era una exigencia de la ciencia hidrológica y que con ella se iban a corregir las sobreexplotaciones ya existentes, cosa que no era posible si las aguas subterráneas eran de dominio privado. La ley fue aprobada en 1985, hace más de 30 años, y puede decirse que la situación de las aguas subterráneas españolas puede calificarse todavía de caótica, aunque empieza a verse una luz al final del túnel.

En 1983 el primer autor de esta nota fue invitado a dar una conferencia en California y en ella expuso que temía que la nueva legislación tipo “comando y control” pretendía crear una especie de Gran Hermano Hidráulico que controlase el destino de cada gota y que este sistema no iba a dar

resultado. En 1985, cuando la ley estaba en discusión en el Parlamento, publicó - junto a Emilio Custodio - un trabajo haciendo ver los probables problemas de la ley en lo que se refería a las aguas subterráneas. Estos eran fundamentalmente dos: la ignorancia del legislador sobre la importancia que ya tenían las aguas subterráneas en España; y la falta de preparación técnica de las Confederaciones Hidrográficas a las que transfería la gestión de las aguas subterráneas. La atención prestada a estas advertencias fue escasa. Se consideraba que con la simple declaración de dominio público se iba a resolver todo. El legislador no recogió en gran parte la positiva experiencia de la Asociación de Usuarios de Aguas Subterráneas del Bajo Llobregat, constituida en los años setenta bajo la anterior ley de 1879, gracias a los trabajos de un grupo de personas incluido Jordi Codina.

En 1988, tres años después de entrar en vigor la ley de 1985, el Gobierno había declarado 17 acuíferos sobre- explotados. Esto exigía la constitución forzosa de comunidades de usuarios. Han pasado ya más de 30 años desde esas declaraciones y apenas en 6 de los mencionados acuíferos funcionan comunidades de usuarios de derecho Público, que además se integran en la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) junto con los varios miles de Comunidades de Regantes de aguas superficiales.

La realidad es que muchos usuarios de aguas subterráneas se opusieron a esas declaraciones de sobreexplotación realizadas por el gobierno y a los estatutos con que les obligaban a crear Comunidades de Usuarios. Relativamente pronto tomaron contacto con la Asociación de Barcelona y comenzaron a constituir Asociaciones de Usuarios de Aguas Subterráneas de acuerdo al Código Civil, es decir, no dependientes de la Administración Hidráulica en aquellos lugares donde la relación con la administración era conflictiva o nula o no cabía la posibilidad legal. En otros lugares se crearon Juntas Centrales o Comunidades Generales, sí legitimadas por las administraciones hidráulicas. Posteriormente, casi todas esas organizaciones se han unido a la Asociación Española de Aguas Subterráneas (AEUAS).

AEUAS es hoy un importante interlocutor con la Administración hídrica española, pese a no estar reconocidos en sus comienzos; de hecho se ha pasado de una postura de enfrentamiento a una de incipiente cooperación y prueba de ello son la celebración del Convenio Marco entre AEUAS y MARM, y la colaboración en el Grupo de Trabajo de Aguas Subterráneas.

El Observatorio del Agua de la Fundación Botín, dentro de su proyecto Seguridad Hídrica y Alimentaria y Cuidado de la naturaleza en Latinoamérica y España, está concediendo gran importancia al análisis detallado del papel económico y ambiental de las aguas subterráneas así como al estudio de las diversas instituciones formadas por usuarios para la gestión de este recurso.